11 septiembre 2025
Si tu empresa fue beneficiaria del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, es crucial que prestes atención a los cambios que trajo la nueva Disposición ARCA 195/2025. Esta normativa, publicada el 9 de septiembre, introduce una modificación clave en la administración tributaria que te afecta directamente.
Con la disolución de la AFIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se están redefiniendo las responsabilidades internas. Antes, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) se encargaba de controlar los requisitos del ATP y de declarar la caducidad o exigir el recupero del beneficio si las condiciones (como no despedir personal o no repartir utilidades) no se cumplían.
Ahora, esas funciones pasan a manos de la Dirección General Impositiva (DGI).
La reasignación de estas tareas a la DGI tiene un triple objetivo:
Aquí viene el punto más crítico para las empresas. Con la nueva disposición, las resoluciones de la DGI sobre las apelaciones (recursos jerárquicos) de los empleadores tienen carácter definitivo dentro de ARCA.
En otras palabras, una vez que la DGI emita su fallo, no habrá una instancia superior dentro del organismo para que puedas apelar. Si no estás de acuerdo con su decisión, la única vía que te quedará será la vía judicial. Esto cierra la puerta administrativa y concentra un gran poder en la DGI.
Desde el 9 de septiembre, todos los nuevos procesos de caducidad y recupero del ATP son responsabilidad de la DGI. Si recibes una intimación o tienes un reclamo pendiente, tu único interlocutor con el fisco será este organismo.
La medida busca hacer más eficiente el control por parte del Estado, pero para las empresas, representa un cambio en las reglas de juego: tendrás un único punto de contacto, pero también una menor capacidad de maniobra si deseas cuestionar una decisión. Esto te obliga a ser más riguroso y estar mejor preparado si te enfrentas a un proceso de control.
En resumen:
La Disposición ARCA 195/2025 es un reordenamiento institucional que busca agilizar la gestión y fortalecer el control estatal sobre los beneficios del ATP, centralizándolo en la DGI. Si bien esto puede traer mayor previsibilidad, la concentración de poder también implica que, en caso de disconformidad, tu única opción será recurrir a la justicia.
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