16 noviembre 2026
A partir de su publicación el 16 de noviembre de 2026, entró en vigencia el Decreto 1366/2026, una norma que introduce modificaciones sustanciales en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), originalmente establecida por el Decreto 749/2024.
El objetivo de esta actualización es otorgar mayor dinamismo operativo, societario y cambiario a los proyectos adheridos. A continuación, detallamos los seis ejes principales de la reforma y su impacto práctico para inversores y empresas.
Uno de los cambios más relevantes para la cadena de valor es la eliminación del requisito de contar con al menos un 51 % de capital nacional para calificar como proveedor local.
Con el nuevo esquema, pasan a considerarse proveedores locales:
Para mantener esta condición, el único requisito operativo es que provean bienes de origen nacional o del MERCOSUR, o bien presten servicios destinados a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU).
Para brindar mayor previsibilidad en desarrollos de gran escala, la norma establece una fecha límite única para verificar el cumplimiento del monto mínimo de inversión exigido para el proyecto en su conjunto. No obstante, esta flexibilización global mantiene vigentes, en paralelo, los compromisos de inversión específicos pautados para cada etapa.
El Decreto 1366/2026 habilita la transferencia de acciones y participaciones societarias con posterioridad a la solicitud de adhesión al RIGI, garantizando que la operación no implicará la pérdida de los derechos ni de los beneficios adquiridos bajo el régimen.
Como resguardo normativo, se aclara expresamente que estas adquisiciones posteriores de participaciones no computan como inversión elegible dentro del proyecto.
En el ámbito de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y otros contratos asociativos similares, se permite formalmente la cesión de participaciones y la incorporación de nuevos miembros bajo un procedimiento administrativo ágil:
Las empresas que operen mediante sucursales dedicadas ahora cuentan con la posibilidad de reorganizar su estructura jurídica. Previa autorización, se habilita su conversión o transferencia integral de activos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (S.A.) o una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.).
Este proceso conserva intactos la fecha de adhesión original, los beneficios fiscales y aduaneros, y los compromisos asumidos, evitando que la transformación sea encuadrada como una nueva adhesión.
Finalmente, el decreto flexibiliza el cálculo de las divisas ingresadas del exterior y liquidadas para acceder al mercado de cambios. Además de los fondos liquidados directamente por el VPU, ahora también se computan los aportes de no residentes o endeudamientos externos ingresados y liquidados por accionistas, socios, integrantes de contratos asociativos o titulares de sucursales dedicadas.
Para que este cómputo sea válido, deben cumplirse dos condiciones estrictas:
Asimismo, la normativa ratifica que se mantienen vigentes las excepciones vinculadas al pago de intereses de endeudamientos financieros y dividendos habilitados.
La entrada en vigencia del Decreto 1366/2026 despeja fricciones societarias y financieras habituales en la estructuración de proyectos de gran envergadura, facilitando tanto el ingreso de socios estratégicos como la integración de proveedores radicados en el país sin restricciones por el origen de su capital.

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