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3 febrero 2026

FACPCE solicita a la ARCA actualizar los importes mínimos de retenciones y percepciones

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) ha dado un paso firme en defensa de la simplificación tributaria. El pasado 30 de enero, la entidad envió una nota formal a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), solicitando la actualización urgente de los umbrales económicos vigentes.

El problema: La inflación y la «pérdida de significatividad»

El argumento central de la FACPCE es el impacto del proceso inflacionario de los últimos años. Los montos mínimos establecidos para actuar como agentes de retención o percepción han quedado congelados en el tiempo, lo que desvirtúa su propósito original.

En la práctica, esto significa que los contribuyentes se ven obligados a procesar retenciones sobre operaciones de montos irrelevantes. Lo que antes era una excepción para casos menores, hoy se ha convertido en la norma para casi cualquier transacción.

Los puntos clave del reclamo:

  • Desactualización de importes: Los valores actuales no reflejan la realidad económica de los precios de mercado.
  • Carga administrativa innecesaria: Las empresas destinan recursos humanos y tecnológicos para gestionar retenciones que carecen de peso fiscal.
  • Impacto crítico en MiPyMEs: Las micro, pequeñas y medianas empresas son las más perjudicadas, ya que deben cumplir con una estructura burocrática desproporcionada frente a su capacidad operativa.

¿Qué se busca cambiar?

La nota enviada a la ARCA no solo apunta a los regímenes de retención y percepción, sino también a:

  1. Regímenes de información: Actualizar los montos a partir de los cuales se deben reportar ciertas operaciones.
  2. Obligaciones formales: Revisar los umbrales de otras responsabilidades administrativas que pesan sobre contribuyentes y responsables.

«Esta situación genera una carga administrativa desproporcionada en relación con el objetivo fiscal perseguido», destaca la misiva de la Federación.

Conclusión

El pedido de la FACPCE busca aliviar la presión operativa sobre el sector privado, especialmente en un contexto donde la eficiencia es clave para la supervivencia de las pymes. Una actualización de estos valores permitiría que el sistema recaudatorio se enfoque en operaciones con verdadera relevancia económica, eliminando trámites que solo suman costos sin aportar un beneficio fiscal sustancial.


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