7 enero 2026
El sistema tributario argentino está atravesando una reforma conceptual sin precedentes. Con la reciente sanción de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.779) y su reglamentación mediante el Decreto 933/2025, el Estado propone un cambio de reglas de juego: pasar de un modelo basado en la sospecha constante a uno sustentado en la confianza, la previsibilidad y la seguridad jurídica.
A continuación, analizamos los puntos clave de esta normativa que busca reinsertar el ahorro de los argentinos en el circuito formal y simplificar la relación con el fisco (ahora bajo la órbita de ARCA).
Es fundamental aclarar qué no es esta ley. No se trata de un blanqueo de capitales tradicional ni de una condonación de deudas. Los impuestos se siguen pagando igual y no hay beneficios automáticos sobre fondos no declarados.
El espíritu de la norma es una «reparación histórica». Reconoce que gran parte del ahorro informal se generó por décadas de inestabilidad e inflación, y busca que ese capital vuelva al consumo y la inversión sin el temor a una persecución administrativa automática.
Uno de los pilares técnicos más importantes es la creación de una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas.
Para aliviar la carga administrativa, se crea un régimen voluntario para personas humanas con:
En este sistema, ARCA determina el impuesto en base a la información disponible. Lo disruptivo es que los controles se centran solo en facturación y gastos deducibles, dejando fuera del radar los consumos personales y variaciones patrimoniales (dentro de los umbrales legales).
La ley reconoce que, debido a la inflación, muchos incumplimientos menores terminaban en la justicia penal. Los nuevos umbrales para que una conducta sea considerada delito han subido drásticamente:
| Concepto | Umbral Anterior | Nuevo Umbral |
| Evasión Simple | $1,5 millones | $100 millones |
| Evasión Agravada | $15 millones | $1.000 millones |
| Apropiación Indebida (Aportes) | $100.000 | $10 millones |
Dato clave: A partir de 2027, estos montos se ajustarán automáticamente por UVA para evitar que queden desactualizados.
La ley es más «amigable» con quien quiere regularizar, pero más severa con el descuido administrativo:
La Ley de Inocencia Fiscal configura un nuevo contrato fiscal. Menos discrecionalidad estatal a cambio de mayor transparencia del contribuyente. Es una apuesta a reducir la litigiosidad y la informalidad estructural, permitiendo que el ahorro privado se convierta, finalmente, en crédito y producción.
Nota importante: Cabe destacar que, al momento, las provincias aún no se han adherido a este régimen, por lo que su impacto en impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) está pendiente de resolución local.

suscribite al Info.Arizmendi y mantenete actualizado con las últimas novedades en legislación.