18 mayo 2026
El escenario normativo laboral argentino sumó un hito clave. Tras el levantamiento de la medida cautelar por parte del fuero Contencioso Administrativo Federal, se aceleró la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
A través de la Resolución General 5848/2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redefinió el mecanismo para cumplir con una de las obligaciones que históricamente ha generado mayor litigiosidad en el país: la entrega del Certificado de Trabajo del Artículo 80 de la LCT.
A continuación, analizamos los puntos centrales de esta normativa, el fin de la histórica RG 2.316 y las nuevas herramientas digitales para empresas y profesionales de Recursos Humanos.
La Ley de Modernización Laboral flexibilizó los criterios de entrega de la documentación sociolaboral. De acuerdo con la norma de fondo, la obligación patronal se considera cumplida si el certificado se pone a disposición del trabajador en dos vías posibles:
La RG 5848/2026 de ARCA viene a dotar de viabilidad técnica a este principio, abrogando la vieja RG 2.316 y unificando el ecosistema informático para reducir costos administrativos y de infraestructura digital.
Hasta ahora, la digitalización de documentos corporativos requería costosos esquemas de firma digital tokenizada para evitar impugnaciones judiciales. ARCA derribó esta barrera con una simplificación procedural drástica:
Punto Clave de Seguridad Jurídica: Al emitirse el Formulario F.984, el sistema lo aloja automáticamente en el portal personal del empleado («Trabajo en Blanco»). Esta acción automatizada se considera, por definición legal, como el cumplimiento definitivo de la entrega, extinguiendo la obligación del empleador de forma inmediata.
Aunque la norma preserva la opción tradicional en soporte papel, impone reglas estrictas de control:
| Dimensión | Formato Digital (Ecosistema ARCA) | Formato Físico (Soporte Papel) |
| Generación del Certificado | Automática vía «Simplificación Registral» (Formulario F.984). | Impresión por duplicado desde la misma plataforma de ARCA. |
| Requisito de Firma | Sustituido por la validación de ingreso con Clave Fiscal. | Obligatoriamente hológrafa (manuscrita) de ambas partes. |
| Acreditación de Entrega | Automática al registrarse en el portal «Trabajo en Blanco» del empleado. | Mediante firma de recepción en el duplicado que conserva la empresa. |
| Períodos Históricos | Datos desde julio de 1994 automatizados en la base. Requiere anexo manual para períodos pre-1994. | Datos desde julio de 1994 automatizados en la base. Requiere anexo manual para períodos pre-1994. |
Para los profesionales dedicados a la auditoría previsional y liquidaciones de personal con alta antigüedad, la RG 5848/2026 establece un resguardo técnico.
Dado que la base de datos automatizada de ARCA recopila información desde el inicio del SIPA (Ley 24.241) en julio de 1994, si la relación laboral incluye períodos previos, se deberá:
La reestructuración del portal «Trabajo en Blanco» trae un beneficio indirecto pero fundamental para el control de riesgos en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).
Para dar de alta a un trabajador bajo el Código de Modalidad de Contratación 710, es requisito que el postulante esté desempleado (por ejemplo, desde el 10/12/2025 o durante los últimos 6 meses previos). No cumplir con esto expone a la empresa a la pérdida retroactiva de los beneficios económicos y a la inclusión en el REPSAL.
Para blindar estas contrataciones, ARCA creó el Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), un documento que:
A partir de ahora, las empresas pueden exigir el CDIL al ingresante y escanear el código QR para constatar de forma fáctica si registra ingresos dependientes previos, mitigando contingencias antes de formalizar el alta.
La digitalización del Artículo 80 de la LCT no es un simple cambio de formularios; representa una transferencia estratégica de la carga administrativa hacia los sistemas de ARCA. Su correcta adopción promete reducir drásticamente los litigios laborales por entrega de certificados y, en paralelo, brindar una capa de certeza clave para los empleadores que decidan contratar bajo el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral.
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