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7 septiembre 2026

El Ministerio Público Fiscal fija las reglas para el uso de Inteligencia Artificial: auxilio, supervisión y límites estrictos

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público y el ámbito judicial promete optimizar procesos y agilizar tareas administrativas. Sin embargo, el manejo de información confidencial exige un marco normativo estricto. Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal ha establecido una serie de reglas obligatorias para guiar a todos sus integrantes en la adopción responsable de estas tecnologias.

El objetivo central es claro: aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica sin comprometer la seguridad de la información, el debido proceso ni los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La IA como herramienta auxiliar y bajo supervisión humana

La nueva disposición remarca que los sistemas de Inteligencia Artificial no reemplazan el criterio ni la responsabilidad de los funcionarios y magistrados. La IA debe ser utilizada exclusivamente como un recurso auxiliar para apoyar labores operativas o de análisis.

Entre las directrices principales destacan dos pilares fundamentales:

• Supervisión humana continua: Cualquier proceso asistido por algoritmos o modelos de lenguaje debe contar con la revisión directa de un integrante del organismo.
• Validación de resultados: Queda prohibido dar por válidos los informes, resúmenes o borradores generados por IA sin una verificación previa de exactitud, coherencia técnica y apego a la ley.

Prohibiciones clave: protección rigurosa de datos y causas

El aspecto más crítico de la normativa responde a la privacidad y al resguardo de las investigaciones en curso. Hasta que no se implemente una regulación específica o se disponga de entornos informáticos cerrados y seguros, se fijan restricciones severas para las plataformas de IA de acceso público (como ChatGPT, Claude o Google Gemini en sus versiones abiertas).

Queda estrictamente prohibido ingresar en herramientas públicas de IA:

• Información reservada o confidencial vinculada al trabajo institucional.
• Datos de causas en trámite, estrategias de investigación o expedientes.
• Datos personales o sensibles de testigos, víctimas, imputados o cualquier ciudadano implicado en procesos judiciales.

Esta medida busca prevenir filtraciones inadvertidas, ya que muchas herramientas públicas utilizan la información suministrada por los usuarios para reentrenar sus modelos de lenguaje.

Un equilibrio entre innovación y responsabilidad institucional

La regulación fijada por el Ministerio Público Fiscal sienta un precedente indispensable para la modernización de la justicia. La tecnología debe estar al servicio de las instituciones, pero su implementación jamás puede estar por encima del deber de reserva, la ética profesional y la protección de los datos personales.