11 noviembre 2026
La Resolución General 12/2026 de la Inspección General de Justicia (IGJ) introduce una actualización fundamental en las normativas de prevención de lavado de activos aplicables a las personas jurídicas en la jurisdicción de CABA. Este nuevo marco normativo exige la presentación de declaraciones juradas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y reportes sobre beneficiarios finales al momento de realizar inscripciones o nombramientos.
Además, se fijan umbrales financieros específicos para justificar el origen de los fondos: más de 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) en el caso de asociaciones y fundaciones, y más de 120 SMVM para las sociedades. Las entidades cuentan con un período de adecuación transitoria de 180 días y tendrán la obligación de conservar toda la documentación respaldatoria durante una década.
Con el objetivo de unificar y simplificar el control regulatorio, la normativa deroga disposiciones previas y establece la obligación de presentar una DDJJ anual de cumplimiento cada mes de abril.
Beneficiarios Finales y Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Respecto a los beneficiarios finales y las PEP, la Resolución General IGJ 12/2026 establece los siguientes requisitos y plazos:
Beneficiarios Finales
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Plazos complementarios y adaptación al régimen

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